domingo, 13 de febrero de 2011

¿Algo está cambiando?

Cada vez que un menor de edad cometía un delito grave un nuevo debate se abría en torno a la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, popularmente conocida como ley del menor.

El debate tenía dos líneas originarias muy definidas, no siempre coincidentes. De un lado, los familiares de las víctimas, demandando una justicia que veían insuficiente. De otro lado, los oportunismos de la política que se erigirían en portavoces de la sociedad y prometían cambios si algún día estaban en el poder (es curioso que la virtud de estar callado es inversamente proporcional a las responsabilidades que uno ostenta) o exigían al gobierno de turno que lo hiciera, al tiempo que vertían consideraciones sobre una ley que no tenían sonrojo en reconocer que conocían poco y mal, como sus propuestas ponían de manifiesto.

Al lado de ambos, los medios de comunicación que habían encontrado en estos sucesos y en este debate una forma fácil, barata y rentable de llenar horas y páginas, contribuyendo de manera lamentable a trasladar una imagen falsa de la ley de nuestros menores.

Este fue el caso de los conocidos como “crimen de la catana” (abril del 2000), “crimen de San Fernando” (mayo del 2000), “caso de Sandra Palo” (mayo del 2003), “asesinato de la turista griega” (junio del 2003), o más recientemente y ahora en plena efervescencia por estar celebrándose el juicio contra un menor que pudo haber participado en los hechos, la desaparición y presunta muerte de Marta del Castillo en enero de 2009.

Sin embargo, este esquema parece haber quebrado con las dos últimas muertes violentas que se han producido: el “crimen de Seseña” (marzo del 2010) y el “crimen de Arriate” (enero de 2011).

En el primero, Cristina Martín de la Sierra, de 13 años, fue asesinada por C.H.S., quien tenía en el momento de los hechos catorce años, y que fue condenada a cinco años de internamiento en régimen cerrado y tres años  de libertad vigilada.

En el segundo, María Esther Jiménez Villegas, también de 13 años, apareció muerta después de varios días desaparecida en la localidad de Arriate (Málaga). Esta muerte está todavía siendo investigada, pero las sospechas han recaído sobre R.V., de 17 años, apodado “el Vaca”, contra quien se ha dictado una medida de internamiento cautelar en régimen cerrado y que podría llegar a ser condenado, si fuera declarado culpable, a ocho años de internamiento en régimen cerrado y cinco años de libertad vigilada, y que una vez cumpliera 21 años podría ser trasladado a un centro penitenciario.

A diferencia de los casos anteriores, los familiares han guardado un silencio pocas veces y roto y han evitado los focos mediáticos, y los políticos no han aprovechado la ocasión para intentar sacar provecho partidista. Tal vez por ello los medios, salvo pequeñas excepciones, han mantenido una línea informativa menos amarillista, contando el devenir de los acontecimientos y evitando reproducir viejos debates.

            El motivo del cambio lo desconozco, pero creo que es el camino a seguir. Nuestra ley es posiblemente una de las mejores de Europa. Tiene una orientación claramente educativa y reeducadora. Y, por sus sucesivas reformas, ha logrado dotarse de un contenido retributivo muy superior no solo al que tenía en el momento de su publicación, sino también anteriormente a esta, habiéndose impregnado de la corriente de “tolerancia cero” que inunda nuestro actual derecho penal. Como todas las leyes es mejorable, pero esas mejoras deben llevarse en los programas electorales e ir precedidas de un análisis profundo, especialmente cuando no se trata de mejoras técnicas sino de decisiones de política criminal.

1 comentarios:

Virginia Domingo de la Fuente dijo...

Efectivamente yo también quiero creer que algo está cambiando, porque realmente cuando las victimas de los delitos claman por reformas en las leyes y su endurecimiento, lo hacen guiados por el primer estadio del duelo tras sufrir un delito, y sobre todo quiza manipulados en cierta manera por el entorno mediatico y social. Realmente muchos estudios demuestran que las victimas de delitos son mucho menos punitivas que las personas que nunca han sufrido o experimentado el dolor del delito.Para mi una pregunta a estos casos ¿Seria con un endurecimiento de la ley del menor, estos padres quedarían satisfechos? No habría pena suficiente, es claro...Por eso otras formas de entender la justicia y abordar el problema del delito en toda su extensión suponen un paso para que la victima paso a un segundo momento del trauma del delito asumiendo lo que sufrido e incorporandolo en la "historia" de su vida, para poder poco a poco volver a su "vida diaria". No se trata de perdonar, sino se quiere ni de olvidar se trata de "reconciliarse con uno mismo, con su familia y con la sociedad" Y por supuesto respecto de los menores infractores creo que deberíamos seguir la máxima de Pitagoras "Educad a los niños y no tendreis que castigar a los hombres".

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